Los colombianos iremos
a las urnas el próximo 2 de octubre para votar por el SI o el NO en una
contienda plebiscitaria que avalará o rechazará lo acordado en La Habana, negociaciones
que se extendieron un poco más de cinco años entre el gobierno de Juan Manuel Santos
y la guerrilla de las Farc, una de las peores y más sanguinarias bandas
criminales del mundo que por más de cinco décadas ha azotado el campo
colombiano asesinando a cerca de 100.000 militares y 400.000 civiles la mayoría
personas indefensas sometidas a ejecuciones en masa sin tener en cuenta edad ni
condición. Millones de campesinos y gente humilde han sido desarraigados de sus
tierras y obligados a marcharse convirtiendo a Colombia en el país con más
desplazados del planeta.
Las Farc es la banda con
el prontuario criminal más voluminoso del mundo, controla a más de siembras de
coca y marihuana, las rutas y corredores para la exportación de droga a los Estados
Unidos y a Europa en sociedad con los carteles mexicanos entre ellos el del
Chapo Guzmán. Son amos y señores de la minería ilegal, del contrabando y los
principales lavadores de activos. Mientras ellos obtienen astronómicas sumas de
dinero por sus actividades ilícitas el gobierno ante la orgía de gastos que
demanda el proceso, pretende una vez pase el plebiscito presentar al congreso
de la república una reforma tributaria donde elevará el IVA del 16 al 19%, gravará
por primera vez productos de la canasta familiar y pondrá a pagar impuestos a entidades sin ánimo de lucro; la educación, la
salud y la vivienda serán los mayores damnificados.
FORBES dice que las
Farc es la multinacional criminal más rica del mundo, con más de siete billones
de dólares manejados a través de testaferros e invertida en empresas de fachada
alrededor del mundo, ellos por supuesto niegan la afirmación y dicen que es
mentirosa (el gobierno y los negociadores les creen).
El acuerdo general
contempla entre muchas cosas, el despeje de 23 zonas veredales transitorias de
normalización y 8 puntos campamentales que serán administrados autónomamente por
los subversivos, allí se concentraran
cerca de 5.000 desmovilizados por un lapso de 18 meses devengando una
remuneración y unos subsidios especiales para cada uno. Muchos piensan, no sin
razón, que allí empezará la división territorial del país.
Lo suscrito en La
Habana le permite a los guerrilleros llegar al plebiscito sin entregar las
armas, allí no se contempla el perdón ni la reparación a las víctimas, menos pagar
un día cárcel por sus delitos so pretexto que su lucha armada está enmarcada en
un contexto político por lo que todos sus actos
son conexos incluyendo el narcotráfico; así mismo, el acuerdo entre
muchas concesiones otorga 16 curules en el congreso nacional a la cúpula. Los
niños secuestrados o reclutados por la guerrilla no van a ser entregados al
gobierno para su resocialización; en medio de risas el ex presidente César Gaviria quién funge como cabeza del SÍ del
gobierno, dice que el tema se olvidó discutirlo.
Los delitos de lesa
humanidad, por arte de birlibirloque, desaparecen en medio de una complicada maraña
de artículos e incisos del pacto hábilmente dispuestos por los abogados de las
Farc con la benevolencia de los
negociadores del gobierno y la complacencia de las naciones del mundo.
En esas condiciones, Colombia
se apresta el 2 de octubre a ir a las urnas a votar un plebiscito que avale o
no lo pactado en La Habana, el gobierno para el evento confeccionó una frase
que muchos dicen es tramposa e induce el voto y por ende pone en desventaja a sus
contradictores: ¿Apoya
el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz
estable y duradera? ¿SI o NO? La Corte Constitucional en
un reciente fallo donde avala la legalidad del plebiscito, advierte que la
palabra paz no se puede utilizar, pero Santos valiéndose de estratagemas
semánticas la utiliza.
