Hace varios meses vengo escribiendo sobre las excesivas tarifas que cobra la Cámara de Comercio de Bogotá, por sencilla que sea la diligencia. Desproporcionadas, desde cualquier punto de vista que se le mire. Cuando uno hace el reclamo, porque se siente lesionado, los funcionarios de esa corporación le echan la culpa a una directriz de la Presidencia de la República, que las aumentó.
La renovación de la matricula, tiene tarifas prohibidas; el empresario debe ajustar sus datos contables, al dinero disponible. Es decir, los excesos en las tarifas, obligan al usuario a coger atajos. ¡Ni hablar del costo para crear una empresa nueva!.
Las miles de empresas inactivas, se debe ante todo a que el pequeño empresario se ve impotente a cumplir el grueso de exigencias pecuniarias de la Cámara, y de las otras DIAN. El Estado es un socio abusivo del empresario colombiano.
Hay diligencias que la Cámara debe suprimir. O mejor se deben suprimir las Cámaras, las labores que se realizan allí, se pueden repartir entre las diversas superintendencias; muchas de ellas no tienen un papel protagónico que las imposibilite.
Para dar un ejemplo del despropósito tarifario: si una entidad con o sin ánimo de lucro, registra una nueva Junta Directiva, tiene que pagar $ 109.600. Si quiere que le certifiquen los miembros directivos: $ 109.600, con el cargo: $ 109.600; si quiere que le certifiquen representación legal: $109.000; si quiere cambio dirección: $ 109,600; si quiere cambiar la dirección judicial; $ 109.600. Así toda la información vaya en una misma acta, hay que pagar individualmente cada diligencia.
Ahora, si se pretende hacer una reforma estatutaria: $109.600; como en ella se va a protocolizar una nueva junta: $ 109.600; si quiere certificación del representante legal $ 109.600, etc., etc.; una reforma puede constar $ 1’000.000, fácilmente. Además, que por cualquier tecnicismo jurídico se la devuelven n número de veces, y no aceptan opinión contrario; es doctrina de ventanilla lo que allá se dice.
Si se suma las horas que pierde el empresario, o una persona cualquiera, metida en oficinas del Estado tratando de pagar un impuesto, o de solucionar un problema, seguramente no bajarán del billón al año. Pedirle a un funcionario un correo electrónico, para enviarles una nota, o solicitarle una respuesta, es toda una proeza. El gobierno debe obligar a todos los empleados públicos, a tener un correo oficial para que reciba y responda peticiones. De esta manera, se evitará tanta romería de gente en las oficinas públicas.
El actual gobierno, se inventó renovar la matricula para las entidades sin ánimo de lucro, sin previo aviso, y las tarifas que les fijó, son las mismas de las empresas comerciales. El gobierno no tiene en cuenta para nada, que esos organismos son entes que le ayudan a desarrollar sus políticas públicas y le generan empleo organizado.
Si uno supiera que esos dineros se van a invertir en obras para la comunidad, vaya y venga, de pronto el pago no doliera. Pero esas grandes sumas, se utilizan en su mayoría para construir moles de oficinas en donde lo que menos les preocupa, es disponer de áreas de atención cómodas al público. En ocasiones uno ve 50 puestos de atención al público, con solo 10 empleados despachando: ¡AHORRANDO!
Amable lector, sus opiniones a correo electrónico: luisguillermoblanco@gmail.com/, al twitter: @luisguillermobl o facebook: Luis Guillermo Blanco Ochoa.
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