EN LA PASADA CAMPAÑA PRESIDENCIAL se
comentó acerca de los 34 mil millones de pesos (casi 12 millones de dólares) que
figuraban en una cuenta bancaria a nombre del presidente Santos. Usted, de
manera oportuna, aclaró que ese dinero provenía del pago de sus acciones de EL
TIEMPO; el asunto entonces no pasó a mayores y quedó de ese tamaño. Sin
embargo, en vista de que los rumores arrecian y se tejen no pocas suspicacias
alrededor del tema, me permito sugerirle al señor presidente, con el mayor
respeto, que apacigüe los ánimos presentando a la opinión pública un certificado
contable expedido por la Casa Auditora del Grupo Aval, corporación a la que usted
y otros no menos distinguidos socios le vendieron el periódico, donde conste el
valor y la fecha del giro bancario arriba mencionado. Es algo muy sencillo: al
cotejar la cifra y la fecha, estas deben coincidir y concluido el asunto.
Pero en vía de discusión, digamos que no concuerda
lo uno ni lo otro, y que usted cambió de
parecer y esa suma no corresponde a las acciones de EL TIEMPO, si no a otros
negocios, que se equivocó, o que le entendimos mal, pero lo que si no hay lugar
a confusiones, señor presidente, es que esa plata debe aparecer en su declaración
de renta y patrimonio, de ese y de posteriores años, y en caso contrario por
qué y cuál fue el motivo, qué destino le dio a ese capital. Lo que se busca
establecer y dejar en claro es la procedencia y legalidad de esos dineros para
tranquilidad espiritual del país y del mismo doctor Santos.
En mi opinión, a fin de aclarar éste asunto tan
delicado, el presidente debería dar paso a la conformación de una comisión de
ilustres juristas (3) para que investigue vía fast track éste y otros hechos de la mayor trascendencia y
preocupación, como por ejemplo: qué pasó con el listado o relación de personas
y empresas que tenían o tienen dineros ocultos en Panamá y qué ha pasado
realmente con los dineros recaudados con la venta de Isagen. En cuanto a los Panamá papers, lo último que se
supo es que el presidente Santos y el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
en lugar de iniciar la respectiva investigación penal como sucedió en Perú,
Argentina, Chile, Brasil, entre otros países, el gobierno se avivó a dictar un
decreto otorgándoles a los relacionados un plazo por lo demás generoso para
declararlos en Colombia, norma que entonces como ahora generó y genera
desconfianza, y más porque de alguna manera la información salió del radar de
la prensa y del gobierno.
Algunas personas, con el sentido agudo y la malicia
indígena que nos caracteriza, aseguran que en la lista original figuran
nombres de funcionarios del más alto nivel, políticos de la casa y poderosas
empresas próximas al presidente, y que por esta razón la engavetaron. Falta ver
qué hay de cierto en todo esto; la comisión de juristas que propongo lo
aclararía rápidamente.
En cuanto al asunto de Isagen, un hecho que le genera escozor al gobierno cada vez que se saca
a la luz, es un tema realmente delicado y del que la prensa poco habla ya. Los
colombianos estamos ansiosos de conocer qué pasó con esa tonelada de recursos
que le entraron al país por la venta de ese activo: si se halla en cuentas
corrientes, aquí o en el exterior, si se invirtió en obras sociales
o públicas, si fue prestada a terceros, o forman parte de los capitales que se
vienen gastando en adiciones presupuestales a los contratos de las llamadas
autopistas 4G y otros, donde aparecen involucrados, con intereses económicos,
tantos amigos del gobierno.
Presidente, yo creo que el país está en todo su
derecho de saber qué pasa con el dinero de sus impuestos y de sus empresas,
pues mientras unos cuantos del entorno se enriquecen, como en el caso de los
ñoños, de las dos ex ministras en fuga, del señor Roberto Prieto, de Bulla, del
ex Fiscal Moreno, de Magistrados del cartel de la toga y de otro centenar de
corruptos, los niños de la Guajira, Choco y Cauca se mueren de hambre, de
sed y de necesidades.
