El presidente Juan Manuel Santos,
pretende escribir la memoria criminal de este país a cuatro manos, dándole
oportunidad a las Farc que la manoseen a
su antojo y tracen los hechos a su libre albedrío. Esa mácula, de permitirse, quedará
grabada como uno de los episodios más tristes y sórdidos de la democracia de
Colombia. Un presidente que pretende entregar el solio de Bolívar a la criminalidad
a cambio de inmortalizar su nombre, será ciertamente un karma para las presentes
y futuras generaciones que tendrán que
arrastrarlo con vergüenza eterna.
La historia presente y venidera, mostrará como un presidente confabulado, puede convertir a la usanza de los acontecimientos mediáticos, en utopía la lucha de la institucionalidad contra el terrorismo; si el país lo aprueba, más de 50 años se echaran en un instante al tanque de la ignominia. De nada importarán los cientos de miles de policías y militares que dieron y han dado sus sueños y su vidas para proteger la de sus compatriotas, ni los casi 500 mil muertos y secuestrados en una demencial ola de crímenes llevados a cabo por una primitiva y cobarde insurrección, que se esconde como parias en las entrañas de nuestra propia geografía patria, allí agazapados los terroristas vomitan cilindros repletos de odio con las que incendian pueblos y matan compatriotas con total y absoluto desprecio.
Este sistema criminal usado por décadas,
está articulado a un brazo político prolongado que como topo infiltró la Presidencia
de la República, el Congreso Nacional y Altos Cargos Públicos, en razón a confundir
la opinión con debates estratégicos, y arengas tramposas, además de haber
organizado un siniestro aparato jurídico urdido contra el país para extraer de
sus arcas billonarias sumas.
Con este salvaje cuadro de
crímenes, violaciones y engaños, será muy difícil sanear de un momento a otro, las
profundas heridas causadas en el alma y en el sentimiento de los colombianos, como
pretende el gobierno y las Farc., y más
cuando con unos pre-acuerdos (no sabemos si son los originales) suscritos con
los terroristas, se quiere obligar al país a entregarle a la guerrilla el
perdón y el olvido total de sus tenebrosos actos. Al unísono con esto, el gobierno nacional ha
lanzado una feroz y desleal campaña publicitaria, periodística y jurídica, contra
la oposición no solo para estigmatizarla, acusarla de delitos no cometidos,
sino señalarlos peligrosamente como enemigos de la patria, a menos que le hagan
un guiño a las negociaciones de La Habana.
La historia cierta y verdadera hablará
por sí sola, juzgará con severidad al autor y autores de esa traición criminal
que se gesta, pero en un tiempo, no muy lejano, Cortes Internacionales, no las
nuestras, encausaran a los responsables de los latrocinios. Seguramente antes de
que esto suceda, el país pasará penurias infinitas, volver a la institucionalidad,
a libertad y a la democracia, será muy costoso; nos llevará décadas
recuperarnos de la tramoya, si la
entrega de la patria finalmente se concreta.
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